Contraloría detecta faltas en concesionarias viales del Guayas; Prefectura cobrará $34,4 millones
Auditoría señala incumplimientos en obras y multas tardías; las empresas Concegua y Conorte tienen plazo para presentar justificaciones.
La Contraloría General del Estado notificó el 15 de abril de 2021 a la Prefectura del Guayas, así como a las empresas concesionarias Concegua y Conorte, los resultados provisionales de un examen especial sobre más de 600 kilómetros de carreteras en la provincia. El documento de 16 páginas detalla observaciones relacionadas con la ejecución de obras, el cobro de valores adicionales, el restablecimiento del equilibrio económico financiero y la gestión de las multas impuestas por incumplimientos contractuales.
Según los auditores, se evidenció que las obras nuevas derivadas de contratos ampliatorios fueron reprogramadas sin autorización formal de la entidad concedente, lo que provocó que no se ejecutaran dentro de los plazos establecidos. Además, se identificó una falta de gestión por parte de los directores de concesiones y un incumplimiento por parte de las empresas, lo que resultó en la imposición tardía de multas bajo la administración de la entonces prefecta Susana González. La autoridad provincial anunció el inicio del proceso de cobro de estas sanciones, cuyo total asciende a 34,4 millones de dólares.
El informe también señala diferencias por errores en los cálculos realizados con corte al 21 de septiembre de 2020, por un monto de 27.539.800 dólares, y destaca que hasta el 30 de octubre de 2020 las multas alcanzaban los 28.691.333,55 dólares. Se detectó incumplimiento en el mantenimiento de las vías Nobol-La Cadena y Durán-Tambo, así como la asunción de obligaciones adicionales por concepto de intereses sin fundamento legal, por un total de 4.268.642,82 dólares.
Los auditores establecieron que el Restablecimiento del Equilibrio Económico Financiero (REEF) no estaba actualizado desde 2012, lo que impide contar con información financiera real sobre los costos e ingresos de la concesión. La notificación indica que los funcionarios no consideraron casos fortuitos ocurridos desde esa fecha, como el terremoto de 2016 y la pandemia de 2020. Las partes tienen oportunidad para presentar justificativos antes de la elaboración del borrador final, mientras que el abogado de las concesionarias, Joffre Campaña, restó validez jurídica al documento por haberse dictado fuera del plazo de 180 días establecido por normativa.
